Una persona ya no tendrá que esperar 24 horas para enterrar a un allegado. Podrá, además, elegir entre cualquier funeraria de España para que se ocupe de todo. Esta tendrá que entregarle un presupuesto gratuito y vinculante que desglose los gastos. Si el fallecido tenía un seguro de decesos, que cubre los gastos y las gestiones, la compañía aseguradora tendrá que ofrecer a la familia varias funerarias para elegir. Así lo dice el proyecto de ley de servicios funerarios, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. La normativa, que pasa ahora a las Cortes, busca abrir el mercado de las funerarias, un sector tradicionalmente muy cerrado y opaco; y garantizar que los ciudadanos puedan escoger la mejor empresa, la que les da un mejor precio y servicio.
Los servicios funerarios están liberalizados desde 1997. Ese año se permitió a las empresas privadas entrar en el sector, lo que acabó -al menos teóricamente- con el monopolio de un mercado al que no le faltan clientes (unas 380.000 personas mueren al año) y que cada ejercicio mueve 1.000 millones de euros. Sin embargo, en la práctica, siguen existiendo trabas que obstaculizan la creación de nuevas funerarias y que complican que las que ya hay operen en varias comunidades o municipios. Actualmente, por ejemplo, solo puede trasladar a un fallecido una funeraria autorizada en el municipio donde se le va a enterrar o desde el que llega.
Con la nueva ley, el Gobierno prevé eliminar algunas de esas cortapisas, muchas en forma de cargas administrativas que deben afrontar las empresas. El objetivo, aseguran, es que el ahorro económico -cifrado en unos 18,3 millones de euros al año para todo el sector- derivado de la reforma repercuta en el consumidor.
No solo eso, la reforma tendrá, según el Ministerio de Economía y Hacienda, que ha elaborado la norma junto al de Sanidad, un impacto en la competencia y en los precios. Las facilidades lograrán que entren nuevas empresas en el sector, y también que las que ya existen den a los clientes precios más competitivos. Actualmente, los gastos básicos que supone un fallecimiento -coche fúnebre, tanatorio, corona de flores- están entre 1.800 y 2.000 euros, según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios Panasef. La medida del Gobierno afectará a las más de 1.600 funerarias registradas en España.
Al sector, sin embargo, le incomoda la nueva ley. "Estamos de acuerdo en que se eliminen cargas administrativas, pero no tantas. Hay que buscar un término medio", opina Carlos Sánchez, secretario de Panasef. El proyecto de ley elimina la exigencia para las empresas de disponer un mínimo de personal, coches fúnebres o salas de velatorio para abrir un negocio. Algo que no gusta a Panasef, que sostiene que con la reforma será igual de fácil abrir una funeraria que una peluquería. "Esto puede provocar el nacimiento no ya de nuevas empresas, sino de intermediarios. Y si esto ocurre, en lugar de bajar los precios se incrementarán y bajará la calidad", argumenta Sánchez.
Pero una de las aplicaciones más útiles del proyecto de ley, la anulación de la medida que prohibía trasladar al fallecido hasta 24 horas después de su muerte (salvo en casos de peligro para la salud pública), no tiene razones económicas sino prácticas. Ese sistema provocaba que si una persona moría a las seis de la tarde no pudiera ser enterrada, en muchos casos, hasta dos días después porque el horario del traslado -seis de la tarde del día siguiente- y el del cementerio no cuadraban.
"Antes se esperaba 24 horas por temas del Registro Civil, y por si no había una muerte efectiva. Hoy en día, hay medios suficientes para saber cuándo hay muerte cerebral efectiva", explican fuentes del Ministerio de Economía. La tecnología, que permite ver si hay actividad cardiorespiratorio o cerebral, es ahora muy superior a las de hace 35 años, de cuando data la medida. Además, con la nueva ley, explican, se dejan de exigir tratamientos de conservación para los cuerpos, si no hay riesgo para la salud pública. "Por razones medioambientales no es conveniente que los cadáveres que no lo necesitan sean sometidos a métodos de conservación química", dice.
Para el Gobierno, que define el sistema actual como "obsoleto", la reforma era ya muy necesaria. El desconocimiento del sector y la situación de vulnerabilidad hacen que las familias tomen decisiones precipitadas y sin información. Y la organización del negocio de la muerte no ayuda a lo contrario, según describe el informe sobre el impacto de la nueva ley, que realizó Economía. "La gente en esos momentos paga lo que le piden al estar bajos de defensa", reconoció el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba tras la aprobación del texto.
Una dinámica que, según el Gobierno, aumenta el poder de negociación de las funerarias y fomenta la adquisición de paquetes cerrados, con servicios no deseados o innecesarios. La nueva ley obligará a las empresas a entregar a las familias un catálogo informativo que dé cuenta de los servicios que ofrecen, con información detallada y con los precios finales de todo. Incluso los impuestos. Algo que, según el secretario general de Panasef, ahora no ocurre.
Eso comprende también a las aseguradoras. Compañías como Ocaso, Santa Lucía o Mapfre tienen un importante peso en el sector: el 60% de los fallecidos en 2009 tenía una póliza de decesos, según la patronal Unespa. Y más allá: 21 millones de personas en España están cubiertas por lo que comúnmente se conoce como seguros de muertos. Así, estas compañías tendrán que ofrecer a la familia del fallecido no solo los servicios de aquella funeraria con la que trabajen normalmente, sino una relación de ellas. Eso, dice Economía, fomentará la libertad de elección. La medida no supone ningún problema para las aseguradoras, según fuentes de Unespa. De hecho, dicen, muchas compañías ya ofrecen varias opciones según lo contratado por el fallecido. "Si hay que abrir la oferta se hará. Y si al cliente no le interesa ninguna de las compañías que le ofrecemos se le dará su dinero para que busque el entierro que le guste", explica una fuente de Unespa.
Las asociaciones de consumidores valoran la nueva ley. Sin embargo, echan de menos referencias expresas al derecho del consumidor. "Debería incluir sanciones para garantizar la libre competencia y la libertad de elección. Es la única forma de que las empresas no se aprovechen de la situación de dolor de las familias que tienen que actuar con rapidez y desconocimiento", dice Eugenio Ribón, responsable de servicios jurídicos de Ceaccu. Su organización propuso, además, que la ley incluyera un apartado para impedir a los comerciales de las funerarias "abordar" a la familia del recién fallecido. Estas empresas suelen tener una furgoneta habilitada como oficina a la salida de los hospitales y en algunos casos, incluso, una mesa en recepción.
Pero aún no es tarde para incluir ese punto. Ahora es el turno del Parlamento, que analizará el proyecto de ley y posiblemente introduzca enmiendas. Otra de las posibles, según fuentes del sector, tratará de que los hospitales y geriátricos -donde se produce el 80% de las defunciones- den a las familias una lista de posibles funerarias y no solo el nombre de aquella que se haya instalado a la puerta.
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